Francisco abole el secreto pontificio para los casos de abuso sexual
El Papa Francisco eliminó el secreto pontificio de las denuncias, los procesos y las decisiones que afectan a los casos de abusos sexuales.
Así se ha establecido mediante la Instrucción “Sobre la confidencialidad de las causas” difundida este martes 17 de diciembre y que entrará en vigor en cuanto sea publicada en L’Osservatore Romano, reseñó ACIPrensa.
Además, el santo padre también decidió que se considerará delito de pornografía infantil por parte de un clérigo “la adquisición o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de 18 años”. Hasta ahora, se consideraba pornografía infantil la posesión de material pornográfico de menores de 14 años.
Se trata de una modificación de las Normas Sustanciales del Motu Proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, de San Juan Pablo II, del 30 de abril de 2001”, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2020.
En esa modificación también se elimina la obligatoriedad de que el abogado y procurador en los delitos más graves contra la moral o la celebración de los sacramentos tenga que ser un sacerdote.
En la Instrucción se establece que los delitos que no estarán sometidos al secreto pontificio son los citados en el artículo 1 del Motu proprio “Vos estis lux mundi”, del 7 de mayo de 2019, y en el artículo 6 de las Normae de gravioribus delictis reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mencionados en el Motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, de san Juan Pablo II, del 30 de abril de 2001, y sus posteriores modificaciones.
Además, en la Instrucción se concreta que “la exclusión del secreto pontificio también subsiste cuando tales delitos hayan sido cometidos en concomitancia con otros delitos”.
La Instrucción también subraya que “la información se tratará de manera que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad” “con el fin de proteger la buena reputación, la imagen y la privacidad de todas las personas involucradas”.
Aunque se insiste también en que “el secreto de oficio no obsta para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar por la legislación estatal, incluidas las eventuales obligaciones de denuncia, así como dar curso a las resoluciones ejecutivas de las autoridades judiciales civiles”.
La Instrucción concluye señalando que “no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada ni a los testigos”.